Las leyes de emergencia, que posibilitan sistemas de excepción para atender situaciones de crisis, se han convertido en una herramienta de uso recurrente en las últimas décadas. Por ello, en la actualidad rigen al menos una docena de estas normativas en Tucumán. Y muchas de ellas serán motivo de debate en el corto plazo en el ámbito de la Legislatura.

La mayoría de estas disposiciones, como la Emergencia Económica y la Hídrica y Social, datan de las gestiones de Julio Miranda (1999-2003) y de José Alperovich (2003-2015), y fueron prorrogadas sucesivamente con el correr de los años. Otras -como la Emergencia en Seguridad y la Emergencia en Violencia contra la Mujer- son más recientes, y fueron impulsadas por la gestión de Juan Manzur. Ahora, la administración del gobernador Osvaldo Jaldo deberá definir si solicita a la Cámara provincial la renovación de todas estas normas o si desiste de algunas de ellas.

En ciertos casos, se trata de mecanismos que posibilitan excepciones a los límites establecidos por otras regulaciones -como la vía de la contratación directa, en lugar de licitaciones públicas- en pos de lograr celeridad en los trámites administrativos y financieros para afrontar una urgencia.

Otras normativas en cambio apuntan a proteger o blindar bienes de interés público, incluso el erario provincial, municipal o comunal.

A la espera de las decisiones políticas, en el ámbito de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, que preside el peronista Carlos Gallia, ya cuentan con un listado de las leyes de emergencia próximas a caducar, y que necesitarán ser ampliadas para los próximos ejercicios. Si bien no hay fecha para una nueva sesión, la intención en el oficialismo es tratar tema por tema en las próximas semanas.

Una por una, las medidas de excepción

1) Emergencia Económica: para “blindar” las cuentas públicas

Fue aprobada en 1999, durante la gestión de Miranda, y renovada con algunos cambios con el correr de los años. Establece un blindaje legal sobre las cuentas públicas (provinciales, municipales y comunales) ante posibles embargos judiciales. Dispone un principio de previsibilidad en las finanzas públicas. En su actual redacción -ley 9.637-, se establece que vence el 31 diciembre de 2023.

2) Emergencia Hídrica y Social: por las inundaciones

La Legislatura aprobó este texto en 2007 -durante el alperovichismo-, y luego se dispuso su prórroga en varias ocasiones. Habilita la gestión y aplicación de recursos para obras hídricas, además de medidas de excepción en favor de los usuarios de servicios públicos de luz y de agua que hayan sido damnificados por catástrofes climáticas. Su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024.

3) Emergencia en Museos

Aprobada en 2008, no prevé una fecha ni objetivos que fijen su caducidad. Habilita a la contratación y ejecución de obras apartándose de las licitaciones públicas, en casos de urgencia y necesidad,

4) Emergencia en Clubes

En 2008, la Legislatura declaró el estado de Emergencia Económica y Social de las Entidades Deportivas.  Entre otros puntos, declara inembargables los aportes estatales entregados a asociaciones civiles sin fines de lucro -deportivas, culturales, artísticas- mediante subsidios o figuras similares. También “blinda” sus sedes, de tenerlas. Su redacción fue modificada con el tiempo, y en su última versión se fijó como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2023.

5) Emergencia Eléctrica: por la distribución y transporte de luz

Vigente desde 2010, esta ley declara que la “expansión” del sistema de transporte eléctrico por distribución troncal constituye un objetivo “prioritario y de interés del Estado provincial”. Además, se incluye un “Plan de Desarrollo Eléctrico de la Provincia” y se crea un “Fondo de Infraestructura Eléctrica”. En su última actualización, aprobada el año pasado por la Legislatura, fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2023.

6) Emergencia Agrícola: diferimiento tributario

En 2015, vía DNU -ratificado por ley- se declaró la Emergencia Agropecuaria para hacer frente a los daños generados por las inundaciones. La norma habilita el diferimiento fiscal en el pago del Impuesto Inmobiliario (ejercicios 2015 a 2023, inclusive) en inmuebles afectados a la caña de azúcar. Este beneficio se encuentra operativo hasta el 31 de diciembre de 2024.

7) Emergencia en Transporte: por la crisis recurrente

Data de 2018, y habilita al Poder Ejecutivo (PE) a girar subsidios a favor de las firmas de colectivos que integran la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) con el objetivo de “garantizar la prestación del servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo” generadas por esta prestación. La última extensión fijada por la Legislatura rige hasta el 31 de mayo del 2024.

8) Emergencia en Seguridad, Cárceles y Adicciones

Sancionada en 2016 por la Legislatura -que desestimó un DNU de Manzur y aprobó un proyecto del jaldismo-, esta normativa declara el estado de emergencia en seguridad “con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el avance de los delitos contra la propiedad”. El texto incluye además dos temáticas complementarias: la emergencia carcelaria (para la mejora de infraestructura) y la emergencia en adicciones (para ampliar los espacios terapéuticos destinados para el tratamiento y rehabilitación de pacientes). Además, la norma establece la creación de una comisión especial interpoderes para el abordaje de las tres temáticas. En 2018, además, se incluyó la emergencia en Seguridad Vial. Su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.

9) Emergencia en Violencia contra la Mujer

Esta norma, implementada en 2017, tiene por objetivos centrales “revertir el número de víctimas”, “reforzar la política preventiva” y “optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”. Dispone medidas para la atención a las víctimas, como la edificación de refugios y la creación de programas y grupos de trabajo específicos. Además, crea una “Mesa Institucional”, conformada por representantes de distintos ámbitos del Estado. El texto actual establece que caducará el 31 de diciembre de 2023.

10) Emergencia en un cerro tafinisto

En 2020 se declaró en estado de emergencia ambiental y ecológica, y como “zona de protección arqueológica” al denominado Cerro “El Pelao”, de Tafí del Valle. La norma suspende el fraccionamiento y urbanización de terrenos y construcción de viviendas en esa zona. Si bien este texto caducó el pasado 1 de julio, el Poder Ejecutivo envió un proyecto a la Legislatura para disponer su vigencia hasta mediados de 2024.

11) Emergencia en Salud Mental

A fines de 2021 se aprobó la ley que establece la emergencia en la Atención Primaria y Preventiva de la Salud Mental, que promueve la implementación de diferentes medidas -equipos interdisciplinarios, el fortalecimiento de los equipos de atención y la puesta en funcionamiento de una línea telefónica específica, entre otras- en el ámbito de la provincia. Se fijó en dos años el plazo de vigencia -es decir, caduca en este 2023-, con la posibilidad de prorrogarse “por el mismo tiempo y por única vez”.

12) Emergencia en el Citrus

En octubre de 2022 comenzó a regir la Ley 9.614, que “declara la Emergencia Agropecuaria, por el término de 365 días, para las actividades de producción de limón, primaria e industrial, como así también a los viveros cítricos certificados por el INASE (Instituto Nacional de Semillas) en todo el territorio de la Provincia”. La norma incluye distintos beneficios para el sector. No ingresaron hasta ahora proyectos para extender la vigencia de esta ley.